PSOE Moralzarzal

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (Art. 47 Constitución Española)"
El modelo de desarrollo territorial basado en el crecimiento frenético de la ocupación del suelo y en la urbanización dispersa del territorio provoca efectos adversos como un enorme consumo de suelo, el incremento de las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos y graves problemas de congestión que hacen necesarias nuevas infraestructuras y un consumo energético incompatible con un modelo de desarrollo sostenible.
La política de liberalización del suelo ha sido una de las principales causas del aumento desmesurado del precio de la vivienda desde 1998 a la actualidad. Ello ha provocado que amplios sectores de la población se vean expulsados del mercado de la vivienda libre, especialmente los jóvenes y las clases medias, cuyos recursos ya no son suficientes para acceder a un mercado copado por personas que adquieren las viviendas como producto de ahorro o inversión, y no para vivir en ellas.
La espiral especulativa afecta tanto a la vivienda como al suelo, cuyo precio se ha incrementado un 183% en los últimos años.
España tenía un parque de 24.677.227 viviendas a finales del año 2006, según datos del Banco de España, sobre un total de 16,03 millones de familias españolas. Estas cifras indican un promedio de 1,54 viviendas por familia española, la tasa más alta del mundo. Según las mismas fuentes, el 85% de las viviendas en España son de propiedad, y sólo un 15% se disfrutan en régimen de alquiler.
Durante los últimos años, el aumento constante del precio de la vivienda ha llegado a convertirse en una de las principales preocupaciones para los españoles.
La mayoría de la población se ve en un callejón sin salida, puesto que se ven excluidos del mercado libre ni tampoco pueden acceder a una vivienda protegida. Las dificultades para el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna son evidentes.
El problema del acceso a la vivienda es de tal magnitud que hay que dejar aparte los colores políticos, las opciones partidistas, darnos la mano y trabajar conjuntamente. Se plantea la necesidad de que las administraciones se impliquen más en las políticas activas de vivienda para garantizar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Cuando la mayoría de Comunidades Autónomas incluyen la reserva legal del 50% para vivienda protegida; cuando la Ley del Suelo obliga a una reserva mínima del 30%; el fin último es garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Asimismo, las comunidades autónomas se nutren en la actualidad de los ingresos precedentes de los convenios realizados con el Ministerio de Vivienda en el marco del Plan de Vivienda 2005-2008 para promocionar VPO y conceder ayudas al alquiler y a la compra. Nueve de cada diez jóvenes tienen ingresos inferiores a los mil euros consiguiendo tener el triste récord de ser el país con la edad de emancipación más tardía de Europa. La ausencia de un empleo bien remunerado, su inestabilidad, el incremento de los créditos y los altos precios de las viviendas, hacen inaccesible la posibilidad de emanciparse y disfrutar de una plena independencia. El aumento acumulado de los precios de venta de la vivienda en Madrid en los últimos diez años fue del 183,8%, similar al de España, seis veces superior al de salarios y precios de consumo en el mismo periodo de tiempo. Los casi 3.005 euros por metro cuadrado de precio medio de venta de las viviendas en el tercer trimestre de 2007 correspondientes a la Comunidad de Madrid eran los mas altos de las 17 autonomías de España. Por provincias, solo superaban ligeramente en precios de vivienda a Madrid las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. Todo ello hace prácticamente imposible poder acceder a una vivienda a precio de mercado en la comunidad madrileña, donde se ha de intentar conseguir una vivienda en el escaso parque de alquiler existente.
Por tanto, un objetivo debe de ser el de facilitar el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementar la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y el alquiler.
Las administraciones deben y pueden hacer posible que toda la población tenga acceso a una vivienda digna y asequible.

PROPUESTA DE ACUERDO:
Instar al Gobierno de la Nación a:
1. Impulsar un Pacto Nacional sobre Vivienda en el que colaboren todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y agentes sociales que representen al sector para cumplir con el derecho constitucional de tener acceso a una vivienda digna.
2. Aumentar el número de viviendas tanto protegida como rehabilitada en los próximos años.
3. Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para incentivar la salida al mercado de alquiler de las viviendas actualmente desocupadas.
4. Reformar la fiscalidad para dar mayor transparencia al mercado de la vivienda y del suelo.
5. Impulsar la figura del alquiler con opción a compra
Instar a la Comunidad de Madrid a:
1. Suscribir acuerdos con los Ayuntamientos madrileños para la cesión de suelo con destino a vivienda protegida y de alquiler, facilitando la Comunidad de Madrid, tras la calificación provisional de las viviendas, la aprobación de créditos por parte de las entidades financieras para la financiación de aquellas.
2. Impulsar la construcción de viviendas en alquiler y en venta para jóvenes, a fin de facilitar su emancipación, su movilidad geográfica y su estabilidad laboral.
3. Impulsar la construcción de viviendas en alquiler para la integración social de familias necesitadas, con la filosofía de eliminar guetos y favorecer dicha integración.
4. Impulsar la construcción de alojamientos y apartamentos en alquiler para personas con elevada movilidad geográfica.

5. Mejora de las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda en el caso de violencia de género y de personas separadas.
6. Ayudas a las personas mayores de 65 años para la adecuación funcional de sus viviendas.
7. Continuar con la política de transformación de las infraviviendas en viviendas con óptimas condiciones de habitabilidad.
Instar al Ayuntamiento a:
1. Facilitar suelo en condiciones de precio asequible, así como la agilización de los trámites de concesión de licencias y permisos municipales en especial para vivienda sujeta a protección pública.
2. Evitar la especulación.
3. No utilizar la enajenación del suelo público para financiar el gasto corriente del Ayuntamiento, sino que el fin último sean infraestructuras e equipamientos.
4. Crear un parque de vivienda de alquiler con opción a compra.
5. Comprometemos a exigir a la Comunidad de Madrid y al Estado Central los recursos necesarios en ausencia de recursos por parte del Ayuntamiento
6. Elaborar un texto sobre Vivienda, que incorpore elementos de lucha contra el fraude, control de la vivienda protegida, calidades y uso de energías renovables.