Con
la excusa de agilizar los servicios municipales, el
Ejecutivo del PP de Moralzarzal, en su nueva andadura,
desvía unas veinte competencias de Pleno a la
Junta de Gobierno, en la que no están representados
los Grupos de la Oposición. Además retira
a los mismos de las Mesas de Contratación, de
los Tribunales de Selección de Personal y de
cualquiera de las Entidades y Órganos Supramunicipales,
demostrando, una vez más, que sus intenciones
son cada vez menos democráticas y que escamotean
la participación y representación ciudadana,
o el mero acceso a la legítima información.
El ejercicio democrático para los responsables
de gobernar Moralzarzal se limita a conseguir resultados
electorales satisfactorios cada cuatro años.
En esta ocasión nuevamente el Grupo Municipal
Socialista se enteró a través de la prensa
- 15 días antes del Pleno sobre Organización
y Funcionamiento del nuevo mandato legislativo –
de los acuerdos de gobierno sobre designaciones, delegaciones
y demás competencias u orden de la Corporación
a la que pertenecen.
Para compensar las carencias democráticas en
las que incurre permanentemente el Equipo de Gobierno
del PP en el Ayuntamiento de Moralzarzal, el alcalde,
se ha comprometido a asegurar a los concejales de la
oposición el acceso directo a las entradas y
salidas del archivo de registro, a través de
Internet. Acuerdo al que ya se comprometió en
2004 - según consta en las Actas de Pleno Ordinario
del 16 de septiembre - y que a día de hoy todavía
no se ha hecho efectivo. Los mencionados concejales
y concejalas, avalados por un importante número
de votos de la ciudadanía y por la Constitución,
tienen derecho a toda la información y a poder
cumplir las obligaciones políticas para las que
han sido elegidos, con dignidad y democráticamente.
A hacer oposición legítima - y legitimada
-, a ejercer control al gobierno, a colaborar y presentar
propuestas o sugerencias documentadas a los problemas,
a atender todas aquellas demandas o quejas que puedan
surgir de la vecindad y a trasladar información
de interés al pueblo, etc. Sin embargo los 3
grupos de la oposición (7 concejales: 1 PDDM,
1 IU y 5 PSOE) comparten un despacho de 2x2 y un ordenador
de apenas prestaciones, no perciben ningún tipo
de asignación y, para complicar más el
desempeño de sus labores municipales, sólo
existen las mañanas para comunicar con empleados
y técnicos, recibir o solicitar documentos o
datos, hacer uso del citado mini despacho y ordenador
ancestral, asistir a Plenos o Comisiones Informativas...
Para mayor indiferencia nunca son invitados –
ni siquiera avisados – de ningún tipo de
acto público derivado de la actividad de gobierno
municipal. Llegándose a incumplir en estas cuestiones
las más elementales normas del protocolo, por
no hablar de educación y respeto.
Como dato anecdótico añadir que muy concretamente
las concejalas y los concejales del PSOE al hacer público
- hace más de cinco años - que el alcalde
había realizado obras de vallado en su vivienda
particular, sin permiso o informe de acuerdo de condiciones
previo, con una finca colindante de propiedad pública
municipal, ejerciendo así mismo de juez y parte
firmando licencias sobre límites o medianerías,
que demostraban una clara actividad irregular y productora
de serias sobre la legalidad – y especialmente
sobre la moralidad ética – de aquellos
actos, desataron las iras del regidor hacia sus propias
personas y las de sus familiares, que se ha ido agudizando
a través del tiempo y de posteriores actuaciones.
Eludiendo otros hechos más personales, abusivos,
o en los que pudiera detectarse posible “mala
fe”, sí pondremos sobre el tema al menos
dos ejemplos, por su grado de curiosidad: No volvió
a consentir en la delegación de competencias
puntuales para que dichos ediles pudieran ejercer en
la boda de algún amigo o amiga o les negó
sistemáticamente la Paz en las celebraciones
religiosas...
Pero a los vecinos y vecinas nos importan más
que los “cabreos del alcalde”.
